Hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, reclamamos la implicación de los poderes públicos y la prioridad de las políticas sociales en la lucha contra la pobreza, que ha aumentado durante los últimos años y ha supuesto un retroceso del Estado de Bienestar Social.

Una de las definiciones de pobreza hace referencia a la escasez o carencia de lo necesario para vivir, pero no sólo en lo relativo a la cobertura de las necesidades básicas, como la alimentación y la vivienda, sino a todo lo relacionado con las políticas públicas sociales. Es necesario que dichas políticas favorezcan la protección y la inclusión de las personas más desfavorecidas y a las que la pobreza está afectando de forma severa, pero también a las personas que están sufriendo una pobreza moderada, menos visible, pero que puede abocarlas a situaciones mucho más críticas.

La pobreza se constituye a partir de la conjunción de varios factores: sociales como la discriminación; económicos como el acceso desigual a los recursos; sociológicos como la denegación de oportunidades; emocionales como la baja autoestima; o culturales como la estigmatización cultural.

El término pobreza es un término femenino y, casualidad o no, este aspecto no debe pasar desapercibido, puesto que son las mujeres las que estadísticamente se encuentran en mayor número en situación o riesgo de exclusión social, por haber sufrido durante siglos la opresión de un sistema patriarcal. Por ello, es necesario crear políticas públicas en las que la lucha por la igualdad y contra la violencia contra las mujeres sea uno de los objetivos prioritarios, pues sin dicha igualdad es imposible que la sociedad en la que vivimos fomente y promueva valores basados en la equidad y la justicia, siendo imprescindible para el buen funcionamiento de la misma.

A lo largo de los últimos años hemos visto cómo la pobreza ha aumentado, suponiendo un retroceso del Estado de Bienestar Social, pero dicho retroceso no es definitivo sino que puede corregirse con la implicación de los poderes públicos y haciendo que las políticas sociales no sean lo último en lo que invertir, sino la manera de contribuir al desarrollo de una sociedad basada en la igualdad, la justicia y la equidad. Para ello, es necesario trabajar en tres grandes bloques: la educación, la sanidad y los servicios sociales.

La educación es la base de todas las sociedades para garantizar la igualdad y para que todas las personas tengan acceso a la misma, es necesario que existan políticas públicas que permitan que sea universal y no discriminatoria, dotando de medios suficientes a las instituciones correspondientes para poner esto en práctica. En los centros educativos asistimos día a día a una diversidad de conflictos que hay que gestionar. Conocer el origen de los mismos es fundamental para poder transformarlos de manera positiva y no violenta.

Asimismo, trabajar conjuntamente en la comunidad educativa con el objetivo de atenuar, en la medida de lo posible, las distintas situaciones de pobreza existentes a nuestro alrededor, implica reforzar los valores de responsabilidad individual y colectiva para con nuestro entorno, estableciendo las bases de una convivencia pacífica y mucho más igualitaria en cuanto a oportunidades para todas las personas que forman parte de ella.

Como agentes fundamentales en el proceso de la educación, es tarea de todos y todas nosotras, animar también al alumnado a colaborar, trabajar en equipo para unir esfuerzos, solidarizarse, opinar, denunciar, reflexionar, proponer y crear alternativas para encontrar soluciones a la pobreza que se encuentra más cercana, y concienciar a las familias de la misma manera.

La sanidad es uno de los pilares más importantes del Estado de Bienestar, siendo prioritaria la inversión en el buen funcionamiento de la misma y teniendo la universalidad como principio fundamental.

Los Servicios Sociales, los más olvidados en épocas de crisis económica, son imprescindibles para la sociedad, necesitando que las políticas públicas inviertan en los mismos y permitan que haya medios suficientes para garantizar los derechos fundamentales a las personas, con la existencia de ayudas económicas como la Renta Mínima o las incluidas en la Ley de Dependencia, muy importantes para erradicar la pobreza, y con la ampliación de medios profesionales y servicios que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de las personas, haciéndolas partícipes de su proceso de cambio, no desde un enfoque asistencial, sino tratándolas como partes activas de la intervención, para lo que es necesario que la inserción socio - laboral sea una de las medidas más importantes a tener en cuenta.

Es necesario que se tomen medidas urgentes para frenar y corregir este proceso de empobrecimiento y se planifiquen acciones encaminadas a mejorar el Estado de Bienestar Social.