Colombia sufre un conflicto armado interno desde hace más de cincuenta años. En el transcurso de este conflicto millones de civiles han sido víctimas de desplazamiento forzoso, homicidios, torturas, desaparición forzosa y abusos sexuales por parte de todos los actores enfrentados. Pese al avance que ha significado la firma del acuerdo de paz entre el estado colombiano y las FARC-EP, como organización social que trabaja en Colombia junto a las comunidades más vulnerables, sentimos una enorme preocupación por los niveles de violencia que persisten e incluso aumentan en zonas rurales de diferentes territorios del país. Mientras los focos se concentran en las grandes cuestiones políticas relacionadas con la puesta en marcha del acuerdo, se siguen cometiendo crímenes y actos de violencia de diverso tipo contra la población y, especialmente, contra las personas líderes de las comunidades y los defensores/as de los Derechos Humanos.
Algunos datos que reflejan la realidad que vive Colombia:
- El conflicto ha dejado más de 8 millones de víctimas, de las cuales el 88 % son desplazados/as
- Es uno de los diez países más desiguales de mundo, con una alta concentración de la tierra y un débil sistema de redistribución
- Los Acuerdos de paz con las FARC no han significado el fin de la violencia. Desde la firma de los Acuerdos hasta abril de 2017 son 34 los defensores/as asesinados (10 mujeres), lo que representa un aumento sustancial de los asesinatos. Para el caso de las mujeres, la situación se complica, pues en estos cinco meses han sido asesinadas más defensoras que en 2011, 2012, 2014 y 2015. 80 defensores de DD.HH asesinados en el 2016 y otros 49 fueron víctimas de atentados contra su vida (incrementos del 22% y 29% respectivamente con referencia a cifras del 2015).
- 18.379 personas están registradas por violencia sexual en el marco del conflicto, y de ellas el 90% son mujeres (Registro Único de Victimas 2017).
Entre los años 1996 y 2007 la mayor causa de los desplazamientos fueron las masacres, los combates, los asesinatos selectivos de líderes comunitarios y las presiones de las extorsiones de los grupos armados. En los últimos años las masacres y los índices de desplazamiento han disminuido, pero las familias y personas continúan desplazándose a causa de amenazas, secuestros, incursiones armadas, violencia sexual, campañas de “limpieza social” (asesinatos a micro-expendedores de droga, a jóvenes consumidores, a prostitutas, etc.), asesinatos selectivos, persecución a líderes y lideresas comunitarias y extorsiones de nuevos grupos armados.
A esto se le suman otras problemáticas como el despojo de tierras y su vinculación con la implementación de megaproyectos agro industriales, la enorme desigualdad, la falta de acceso a la tierra y a servicios básicos y, en general, la situación de pobreza, pobreza extrema e inseguridad alimentaria de la población más vulnerable, en su mayoría campesina, indígena y/o afro-descendiente.
El contexto actual con la firma del acuerdo con las FARC y las conversaciones de paz con el ELN se vive en el país como una ventana de oportunidad para la paz. No obstante, como Movimiento por la Paz - MPDL consideramos que la paz se construye todos los días desde la sociedad civil y que la firma de unos acuerdos de paz entre los combatientes es un paso positivo pero no suficiente para la mejora del nivel de vida de la población vulnerable ni para el modelo de país que queremos.