Presentado en Bruselas el informe Aid Watch, de la plataforma europea CONCORD, en el que se analizan los fondos destinados por los miembros de la UE a la lucha contra la pobreza.

La firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos tuvo lugar durante un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Atrás quedaban las dos guerras mundiales, devastadores actos de violencia que hicieron que se tambalearan los pilares de la paz. Su constitución y firma, ratificada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, puso en evidencia la voluntad de las naciones para impulsar de forma definitiva un  nuevo mundo.

Sin embargo, dicha declaración es objeto en numerosas ocasiones del olvido, mecida por la arbitrariedad con la que los diferentes países la asumen, así como por la incapacidad de los organismos supranacionales de imponer su cumplimiento.

Hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, debemos ser más conscientes que nunca de que dichos derechos se han convertido en un privilegio para muchos y en una realidad inalcanzable para otros:

Artículo 4
“Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre”.

La Organización Internacional de Trabajo cifra en, al menos, 12’3  los millones de personas que sufren actualmente medidas laborales similares a la esclavitud.  Los trabajos forzados, y los esclavos por deudas, así como del fructífero negocio de la trata de personas, son algunas de las violaciones a este derecho fundamental.

Artículos 5 y 9
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradante”.
 “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido”.

Entre mayo del 2009 y mayo del 2013, Amnistía Internacional recibió informes de torturas u otros malos tratos cometidos por los agentes estatales de 141 países, según el informe sobre tortura emitido por la ONG este año. Además, ayer se publicó el informe sobre las torturas llevadas a cabo por la CIA durante la ofensiva americana en Irak y que ha causado una ola de estupor alrededor del mundo.

Artículo 13
“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

Lo que nos parece un derecho fundamental desde la perspectiva de los países occidentales, se muestra como una utopía para algunas poblaciones. Una de ellas es la gazatí, encerrada en una estrecha franja de tierra sometida al bloqueo y la destrucción. También es el ejemplo de la población saharaui que vive dentro del territorio ocupado por Marruecos de El Aaiún. Los habitantes no pueden salir y el gobierno marroquí interpone pesados trámites burocráticos sobre la ayuda humanitaria que pretende entrar.

Más cerca de lo que creemos; la violación de los derechos humanos en España

Artículo 19 y 20
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”.
“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.

La violación de estos dos artículos se encuentra entre los renglones del texto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana del Gobierno en España, más comúnmente conocida como la Ley Mordaza. Ésta, contempla varios supuestos en los que algunos derechos fundamentales, como el de reunión pacífica, podrían verse gravemente conculcados

Artículo 23
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

En España hay, a fecha de noviembre de 2014, más de 4 millones y medio de parados, de los cuales casi un 50% de ellos carecen de ayudas por desempleo, según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Una realidad que ahonda en la creación de desigualdades sociales y en el fomento de la pobreza y la exclusión.

Artículo 25
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” […]

Otro artículo de la Declaración de Derechos Humanos incumplido en España, donde el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado que solo en el primer semestre de 2014 se han ejecutado 18.749 desahucios. La vulneración de este derecho ha dejado fotografías que pasarán a la historia. La última, la del desahucio de Carmen, la anciana de 85 años que perdió su piso en Vallecas debido a la deuda que su hijo contrajo con un prestamista particular.