Guatemala sigue teniendo uno de los índices más altos de muertes violentas en el mundo. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reportó 5.924 muertes violentas (un promedio de 16 homicidios por día) durante 2014. Además, Guatemala encabeza algunos de los peores indicadores sociales del continente americano.

Así la mitad de la niñez guatemalteca menor de 5 años padece desnutrición crónica (1) y el número de personas en situación de hambre supera los 3 millones, siendo la población indígena y campesina la mayor afectada. La situación de pobreza y desigualdad, 0,628 en el índice Gini, obstaculizan el pleno desarrollo de la ciudadanía (2).

Aunque desde 2009 se viene constatando un descenso de la impunidad en casos de amenazas contra la vida, ésta sigue siendo alta en casos de violencia contra defensores/as de derechos humanos. La imposición de un modelo económico dependiente y orientado a la expulsión de la población indígena y campesina del medio rural con el objetivo de implantar proyectos agrícolas y extractivos en su mayoría enfocados a la exportación, tiene efectos devastadores sobre la agudización del hambre, el desabastecimiento de agua potable y la afectación al medio ambiente, lo cual tiene graves consecuencias en la vida y en la salud de las personas.  

Situación de Defensores-as de Derechos Humanos

La persecución de las personas defensoras de los DDHH, especialmente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) es una realidad en el contexto actual (3). La labor de las y los defensores-as de DDHH se ha convertido en una actividad de riesgo que lleva implícita la difamación, la estigmatización, la criminalización y la persecución de aquellos-as que defienden Derechos. Instituciones, periodistas, columnistas y actores del ámbito público y privado del país  etiquetan de terroristas a activistas y líderes sociales que piden políticas de explotación de los recursos naturales más beneficiosas para la hacienda pública y más amigables con las personas y el medio ambiente.

Además durante el período 2000-2014 se registraron 4.252 agresiones directas contra defensores y defensoras, de las cuales un 42% tuvo lugar en los últimos tres años, especialmente en el marco de megaproyectos extractivos y de monocultivo (4). Entre enero y junio de 2015 se registraron 337 agresiones contra personas defensoras, y en el año 2014 se produjeron un total de 805 (5). Es preciso destacar que aquellas personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales son especialmente perseguidas. En cuestiones de género, las mujeres defensoras representaron el 53% de las víctimas de agresiones en el primer semestre de 2015.  A pesar de ciertos avances, persiste un alto nivel de impunidad en los casos de asesinatos de personas defensoras. Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aún existen deficiencias en las investigaciones del Ministerio Público y en el enjuiciamiento en casos de agresiones contra defensores y defensoras (6).

Aunque en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Defensores de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala, ordenó al Estado guatemalteco implementar una política pública para la protección de las y los defensores con la participación de las personas directamente vinculadas con las medidas de protección, ésta aún no se ha elaborado ni aprobado.

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- se ha pronunciado sobre los conflictos sociales que giran en torno a las actividades mineras llevadas a cabo en San Miguel Ixtahuacán, pero el Gobierno aún no ha atendido el fondo de la conflictividad social en la región. Por otro lado, la falta de compromisos y toma de decisiones al más alto nivel para resolver los problemas derivados del servicio de energía eléctrica, las modificaciones en la política educativa relativa a la formación inicial del magisterio y las iniciativas de reforma constitucional con la falta de consulta a los pueblos indígenas son otros de los factores que están detrás en el origen del descontento social en Totonicapán. Ejemplo de lo anterior es el caso de la masacre de la Cumbre de Alaska en 2012 que representa uno de los incidentes de represión más extremo en tiempos de paz. Este caso se suscitó cuando una patrulla militar, que apoyaba a la Policía a disolver una manifestación, se enfrentó y disparó sus fusiles en contra de población civil desarmada, causando la muerte de 7 personas y aproximadamente 40 heridos, todos/as de origen Maya K'iche' residentes en las comunidades que integran los 48 Cantones de Totonicapán.

Las políticas de desarrollo llevada a cabo en la zona ha menoscabado el bienestar de las poblaciones y comunidades. La agenda de la misma gira en torno al extractivismo, los agronegocios y la generación de energía sin tener en cuenta el consentimiento previo, informado y libre de las comunidades, por lo que los conflictos se han recrudecido y se ha intensificado la inseguridad para quienes promueven el acceso a derechos, incluyendo las formas alternativas de desarrollo.

Objetivos y resultados

En este contexto, el Proyecto del Ayuntamiento de Valencia “Defensores/as de DDHH promoviendo una cultura de paz en áreas conflictivas de Guatemala” que Movimiento por la Paz junto con su socia local SEDEM está ejecutando, ha trabajado a lo largo de 2015 en zonas con alto nivel de ataques contra defensores-as como lo son Totonicapán y San Miguel Ixtahuacán, teniendo como principal objetivo “Fortalecer el rol y las capacidades de los/as defensores/as de San Miguel Ixtahuacán y Totonicapán mediante la conformación de la Red de defensores/as, la ampliación de sus capacidades de auditoría social e incidencia política y la visibilización de las problemáticas vinculadas a su labor”. Los resultados obtenidos han sido:

1. Conformada, estructurada y fortalecida interna y externamente en la zona la Red de defensores/as para la promoción de los DDHH desde un enfoque de Cultura de Paz.
2. Reforzadas las habilidades de defensores/as para la auditoría social de las instituciones responsables de la protección de los DDHH, y para la incidencia política dirigida a abrir espacios de diálogo con autoridades
3. Visibilizada la problemática vinculada a la labor de los/as defensores/as de DDHH del Occidente del país, a través de la implementación de una Estrategia de Comunicación con acciones a nivel nacional e internacional

1. UNICEF, 2010.
2. Informe de la Tercera Misión Internacional sobre El Derecho a una Alimentación Adecuada y a la Nutrición y la Situación de las defensoras y defensores de DDHH en Guatemala. 2015.
3. Ibíd.
4. Ibíd.
5. Informe anual El Acompañante, UDEFEGUA 2015.
6. OACNUDH en Guatemala. Informe de Actividades de la Oficina en Guatemala para 2014.