Ayer, mientras los ministros de Exteriores de la UE se reunían en Luxemburgo, el Mediterráneo volvió a ser testigo de una nueva tragedia en forma de hundimiento.

La historia se repite justo un año después de la catástrofe de Lampedusa, en la que murieron más de 800 personas frente a la costa italiana, esta vez con el naufragio de varios botes en los que había alrededor de 500 personas, la mayoría de ellas de origen somalí. A falta de datos oficiales, diversas fuentes apuntan a que tan solo habrían sobrevivido unas 30 personas.

La triste historia se repite muy a menudo en el Mediterráneo: según la OIM, más de 3.200 personas han muerto en sus aguas desde la tragedia de Lampedusa. Es decir, cada día, de media, fallecen nueve personas en su intento de alcanzar territorio europeo.

Pero la historia también se repite a este lado del Mediterráneo, donde los Gobiernos de los 28 siguen enarbolando la bandera de la irresponsabilidad, la insolidaridad y del desprecio por la legalidad internacional en su gestión de lo que ha venido a llamarse la “crisis de los refugiados”.

• Irresponsabilidad, por ejemplo, por dejar pasar los meses –y los naufragios- sin establecer y dotar de medios ninguna operación conjunta europea con un mandato específico de socorro de embarcaciones y personas en el Mediterráneo, tal y como era el caso de Mare Nostrum. Un dispositivo especialmente necesario en una ruta sumamente peligrosa, la que une Libia e Italia, que miles de personas siguen empleando cada mes para llegar a territorio europeo.

• Insolidaridad, por otro lado, al cerrar sus puertas a las miles de personas que, huyendo de la violencia, la pobreza o la falta de oportunidades se agolpan en condiciones inhumanas en asentamientos de Italia y Grecia, fundamentalmente. Una insolidaridad patente emanada del incumplimiento, por parte del conjunto de Estados miembro, de los acuerdos alcanzados para la reubicación de 160.000 personas dentro de sus fronteras.

• Desprecio por la legalidad internacional al adoptar políticas y acuerdos –como el firmado con Turquía para la expulsión de personas refugiadas- que suponen claras vulneraciones de los instrumentos internacionales de protección de derechos fundamentales. Y que, por otro lado, sitúan a miles de personas migrantes y refugiadas en una situación de indefensión y desprotección, tal y como se recoge en los distintos informes sobre la situación en Lesbos que se han realizado.

Frente a este comportamiento con consecuencias directas en la vida de miles de personas, seguimos exigiendo una respuesta a la altura de los valores fundacionales de la Unión Europea. Estas medidas deben incluir el cumplimiento inexcusable de las leyes y los acuerdos internacionales y el respeto absoluto a los Derechos Humanos. También exigimos el diseño de un nuevo Sistema Europeo de Asilo, y entre tanto se concrete, los Estados Miembros deben garantizar las solicitudes de asilo y habilitar vías seguras y legales para el paso de las personas refugiadas, especialmente de las más vulnerables. Asimismo, consideramos fundamental que se incrementen los fondos para ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo y que aumentan las medidas para luchar contras las mafias y el tráfico de personas.

No podemos no hacer nada. Porque un año después de Lampedusa vemos, con tristeza e indignación, cómo la historia se repite. Tanto aquí, en el Norte, como allí, en el Sur. Y, por supuesto, en el agua de un mar que cuenta por miles sus víctimas. Descansen en paz.