En España, pobreza y crecimiento del PIB siguen una evolución contrapuesta, por lo que se encuentra entre los países con peor índice de justicia social de la Unión Europea. Esta posición se viene deteriorando desde 2008 debido a la agudización de la desigualdad económica. Por Gloria Bombín Gómez

Las medidas de corrección de la crisis, asentadas en medidas de austeridad y ausencia de políticas redistributivas, han afectado a la educación, la sanidad, los servicios sociales y los programas de ayuda a personas dependientes. La temporalidad y el empleo precario afectan cada vez más a un mayor número de trabajadores y trabajadoras. Principalmente a los y las jóvenes, en las que se concentran las tasas de paro más elevadas y los empleos de peor calidad. Pero la situación va más allá y un 10% del total de las personas ocupadas tiene una retribución por debajo del umbral de la pobreza, y otras muchas han visto disminuir sus salarios y poder adquisitivo. Por su parte, las personas pensionistas también se han visto perjudicadas por la escasa subida del 0,25% aplicada a las pensiones frente a cifras cercanas al 2% de inflación y a la subida de los precios de los servicios esenciales tales como la luz, el agua o el gas.

Todo ello ha dado como resultado un crecimiento de la desigualdad, que arroja una de las cuotas más altas de los países de la UE. Los ingresos y totales percibidos por el 20% de la población con rentas más altas es 6,6 veces mayor que la percibida por el 20% con rentas más bajas y, el 27,9% de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión.

Ante esta situación es necesaria la reivindicación de políticas públicas dirigidas a la disminución de la desigualdad: una mayor justicia laboral para mujeres y hombres, la revisión del sistema de pensiones, una Ley de Dependencia, una educación eficaz que promueva la igualdad y la inclusión social, el establecimiento de una nueva legislación sobre energías renovables y leyes fiscales y presupuestarias en las que primen los gastos sociales y contribuyan a disminuir la desigualdad.

Todas estas medidas suponen un mayor gasto público al que se puede hace frente, por un lado, redistribuyendo la dotación asignada a los diferentes capítulos presupuestarios primando aquellos con los que se pretende atender a las personas más vulnerables. Por otro lado, reforzando los marcos reguladores de las haciendas públicas con leyes que propicien el aumento de los pagos tributarios de las sociedades, eviten la evasión fiscal, erradiquen los paraísos fiscales y establezcan nuevas fuentes de recaudación mediante la implantación de impuestos tales como el de transacciones financieras.

La desigualdad social y económica es injusta, genera sociedades desarticuladas que dificultan la convivencia, la solidaridad y la Paz. Tenemos que luchar por erradicarla.