La suspensión de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas por parte del gobierno griego al no aceptar más solicitudes de asilo durante un mes supone un gravísimo acto contra el Derecho Internacional Humanitario. Condenamos, a su vez, la situación de tensión en la frontera greco-turca y los actos violentos con gas lacrimógeno y balas de goma contra personas migrantes y refugiadas en esta zona. La violencia es siempre una acción inaceptable.

Desde nuestra organización urgimos a ambos gobiernos y a la Unión Europea en su conjunto a que tomen medidas que garanticen los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas. No es aceptable que la UE apoye el cierre de la frontera greco-turca y legitime el trato inhumano hacia las personas refugiadas que se encuentran en 'tierra de nadie'. Grecia es un país miembro de la Unión Europea y como tal debe garantizar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los diversos tratados internacionales de los que es firmante.

Las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas representan un colectivo al que desde el Movimiento por la Paz prestamos una atención especial desde nuestra creación hace más de 30 años.