La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato está formada por Accem, Asociación Rumiñaui, CEAR, Fundación Cepaim, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz y Red Acoge.

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- Hoy 16 de noviembre día Internacional para la Tolerancia, las organizaciones que constituyen la “La Alianza por una ley de Igualdad de Trato y No Discriminación” reclaman de nuevo, la tramitación de una Ley Integral de Igualdad de Trato, instando a las autoridades competentes a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para la promulgación de esta ley.

- Después de dos intentos fallidos en 2011 y 2019 para su aprobación, el Estado español se comprometió en julio, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a aprobarla lo antes posible, pero las entidades temen que la tramitación vuelva a paralizarse.

- Esta norma es imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación. Mientras no se apruebe, aseguran que España estará “en deuda con la igualdad”.

Tras varios intentos fallidos para la aprobación de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, las entidades que componen la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación , todas ellas referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, vuelven a exigir a los poderes públicos que cumplan su compromiso con la Organización de Naciones Unidas (ONU) de aprobar esta ley. El pasado mes de julio el Estado se comprometió con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin embargo, todavía no se ha avanzado en su promulgación.

Compromiso del Estado español ante la ONU

El pasado mes de julio el Estado español se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos para impulsar esta ley, afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”. Sin embargo, a fecha de 16 de noviembre, las entidades que forman parte de la Alianza, aún no tienen conocimiento de que haya ninguna propuesta legislativa trabajándose en el Congreso. Tampoco cuentan con información de que vaya a crearse un proceso de consulta a fin de que esta ley incorpore un enfoque interseccional que incluya todas las mejoras necesarias para que las víctimas de discriminación encuentren la respuesta que vienen esperando.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato consideran fundamental que este compromiso se materialice con carácter urgente. En ese sentido, recuerdan que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones.

Avances insuficientes

Las ocho organizaciones especializadas en la lucha contra todas las formas de racismo que forman parte de la “Alianza por una Ley de Igualdad de Trato” han remitido carta al Gobierno de España el cumplimiento del compromiso adquirido para la aprobación de esta ley tan necesaria que se encuentra estancada desde hace más de 10 años.

En la carta, las entidades destacan “las situaciones de discriminación a las que se enfrentan en su día a día las personas con las que trabajan, que sufren vulneraciones diarias de sus derechos y que, en la mayoría de las ocasiones, no pueden responderse de manera efectiva, simplemente porque no existe un marco normativo específico que las sancione o que las aborde de manera adecuada”.

Víctimas sin resarcir

Las entidades que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa no las sanciona.