La realidad de las personas que tiene que realizar una salida forzada trae consigo cambios en todas las facetas de la vida de estas personas (desde la lengua a las costumbres). A todo esto, deberán sumar el proceso de ruptura familiar, el temor a que su familia sufra daños o a las secuelas psicológicas que, en mayor o menor medida, provocarán el desarraigo social, la pérdida de estatus académico, laboral, social y económico, el desconocimiento de usos sociales o de las normativas en relación al ámbito laboral o de vivienda. La suma de todo se traducirá en una clara situación de vulnerabilidad y desprotección.

El número de personas que se ve obligadas a salir de sus hogares y a buscar refugio en un tercer país (como consecuencia de los conflictos armados, violencia o violaciones de derechos humanos y por razones económicas) continúa creciendo día a día de forma significativa. Según los datos facilitados por diferentes organismos internacionales, más de 65 millones de personas han salido de su país o se han convertido en desplazados.

A lo largo de 2016 y principios de 2017, más de 1 millón de personas llegaron a Europa arriesgando su vida en el Mediterráneo, en su mayoría de Siria, Afganistán e Irak. Proceden principalmente de Eritrea, Nigeria y Somalia en busca de una oportunidad y de una vida mejor y más segura para sus familias.

A día de hoy, Siria es el mayor emisor de personas refugiadas del mundo, con más de 5 millones de personas, estando la gran mayoría de ellas asentadas en solo 5 países: Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Estos 6 años de guerra interna han provocado, además de los más de 5 millones de personas refugiadas, 6,5 millones de desplazamientos internos y la pérdida de más de 350.000 vidas a causa de la violencia y de la falta de tratamiento sanitario, alimentos o agua.

Los países de la UE deben dar una respuesta común a la crisis de población refugiada

Frente a una situación de grave crisis humanitaria como es esta, desde el Movimiento por la Paz -MPDL- entendemos que no hay justificación alguna para que los países de la UE no den una respuesta común al problema. Es más, toda omisión de responsabilidad ante las víctimas de este éxodo forzado supone dar la espalda a una realidad de máxima gravedad, lo cual nos convierte, como Estado, en cómplices de la generación de violencia directa y estructural contra miles de personas desde un punto de vista legal y humanitario.

Ante esta posición, exigimos tanto al estado español como al resto de países miembros de la UE:

• El cumplimiento de todos y cada uno de los principios recogidos en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como garantizar los principios de solidaridad y respeto de los Derechos Humanos recogidos y ratificados en el seno de las Naciones Unidas y la Unión Europea, revistiendo una especial relevancia el Derecho al Retorno.

• La anulación del Acuerdo UE - Turquía, ya que supone una clara violación de los Tratados firmados por la UE y una nueva posición de ésta en materia de migración y derecho de asilo la cual, tiene unos efectos determinantes en el modelo de convivencia de la Unión Europea y en la construcción o ampliación de ésta en el futuro.

• El aumento de la inversión en materia de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo en los países de origen y tránsito de las personas refugiadas, ya que, entendemos, es una de las maneras más efectivas de atender a las personas víctimas de la violencia, reconstruir las infraestructuras destruidas por causa de la guerra,  luchar contra la pobreza y promover el desarrollo humano sostenible a partir del fortalecimiento de las estructuras de base.

• La utilización, por parte de las administraciones, de un discurso inclusivo y respetuoso que evite los conflictos, la discriminación y la criminalización de las personas refugiadas, fomentando la convivencia pacífica y fraterna.

• Generar todos los mecanismos necesarios para que nuestras sociedades sean espacios de acogida e integración con todas las garantías para las personas refugiadas. Esta es una responsabilidad que asumimos atendiendo, además de al cumplimiento de los derechos humanos y la legalidad internacional, a nuestro compromiso con la construcción de una verdadera cultura de paz.