La inclusión financiera no es posible si las entidades bancarias continúan obstaculizando el acceso a las cuentas de pago básicas

Lunes, 7 de noviembre de 2024. Las entidades sociales que atienden a personas en situación de vulnerabilidad siguen detectando incidencias y trabas por parte de las entidades bancarias a la hora de conceder cuentas de pago básica. Esto constituye una irregularidad en la medida en que la cuenta de pago básica es el único instrumento financiero cuyo derecho se establece por ley (Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, que traspone la Directiva 2014/92).

En la Semana de la Educación Financiera consideramos fundamental que se dé un impulso legislativo definitivo a la norma que desarrolla la Autoridad Administrativa de Defensa del Cliente Financiero porque incorpora avances para subsanar estos problemas.

Por ejemplo, las entidades de crédito tendrán que contar con un registro que dé cuenta de las solicitudes de apertura de cuenta de pago básica recibidas y su estado de tramitación, hasta seis años después de la fecha de presentación de la solicitud. Datos que tendrán que estar a disposición del Banco de España cuando los requiera y que permitirán hacer un seguimiento del que ahora se carece: no sabemos qué solicitudes se estiman o deniegan.

Además, se posibilita la apertura de una cuenta pese a contar con otra cuenta abierta en caso de encontrarse en situación de vulnerabilidad o exclusión financiera.

Es arbitraria la documentación requerida cuando se trata de acreditar la situación de exclusión y vulnerabilidad de las personas para que dicha cuenta pueda ser gratuita.

Se exige la contratación de seguros u otros productos bancarios para autorizar la apertura de la cuenta de pago básica o se cobran comisiones.

Aumentan y se clarifican los documentos válidos acreditativos de identificación formal de las personas solicitantes de protección internacional y apatridia expedidos por el Ministerio del Interior.

Precisamente, las dificultades se multiplican en el caso de las personas migrantes y refugiadas, porque las entidades bancarias rechazan documentos acreditativos de la identidad de las personas, como la tarjeta de solicitante de protección internacional (TR o TB), el resguardo de solicitud de protección internacional (RSPI), a pesar tener plena validez o se solicita la aportación de DNI, NIE o pasaporte.

Se deniega la apertura a pesar de identificarse con un pasaporte vigente y válido, disponer de un TIE (Tarjeta de Identificación de Extranjeros), o estar en proceso de renovación de documentación.

Se requiere documentación no necesaria o que no son documentos acreditativos de la identidad contemplados en la normativa para la apertura de una cuenta de pago básica como:

Se solicita documentación adicional a la requerida según la normativa vigente apoyándose en la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo para justificar la no apertura de la cuenta bancaria. Determinadas nacionalidades se encuentran sistemáticamente con mayores dificultades, a pesar de ser solicitantes de protección internacional o disponer de pasaporte.

Según los datos recabados por las entidades sociales, hasta el 83% de las incidencias se recogen de tres entidades, BBVA, Banco Santander y CaixaBank.