La declaración del estado de emergencia migratorio en Italia supone una nueva señal de alarma ante la vulneración de los Derechos Humanos en Europa.

---

El estado de emergencia, que permite tomar decisiones de forma excepcional sin consultar al Parlamento italiano durante seis meses, normalmente utilizado para catástrofes naturales o ante la pandemia COVID-19, no puede ser de ninguna manera una herramienta para abordar la necesaria respuesta humanitaria que requiere la gestión de las migraciones.

Alegando que el objetivo sería agilizar el proceso de búsqueda de instalaciones para la acogida de personas migrantes de forma rápida y adecuada ante el flujo migratorio en Italia, sin embargo, la medida indica a su vez, que “será posible aumentar y reforzar las estructuras destinadas a la repatriación de quienes no tienen derecho a permanecer en Italia, reforzando las actividades de identificación y expulsión”.

Este tipo de políticas que violan los Derechos Humanos implican un mayor riesgo y susceptibilidad de sufrir todo tipo de violencias a personas en situación de mayor vulnerabilidad, como mujeres, menores y personas con diversidad funcional al poder quedar en situación de desprotección. Hablamos también de potenciales víctimas de trata de seres humanos, personas que huyen de su país por violencias y opresión, y a las que niegan la posibilidad de ejercer su derecho a solicitar protección internacional y asilo político.

Ante estos hechos, como venimos denunciando de forma reiterada, vuelve a quedar patente que la UE sigue alejándose de sus valores fundacionales y del Derecho Internacional al permitir situaciones abusivas en los propios países miembros y ante la falta de políticas y medidas comunes para garantizar los derechos de las personas migrantes.

Por todo ello, exigimos:

Una política migratoria europea común basada en los derechos humanos

Abordar el Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo como una oportunidad, que no se base en el retorno ni en la externalización de fronteras sino en la solidaridad dentro de la UE, haciendo coherentes las políticas de cooperación, de migración y de protección y garantía de los Derechos Humanos.

Rechazar el uso partidista de las migraciones y su vinculación con mensajes y hechos racistas y xenófobos con narrativas sobre las personas migrantes negativas y amenazantes.

Un trato igualitario para personas migrantes y refugiadas cualquiera que sea su procedencia.

Incrementar los fondos para ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo.

Garantizar un sistema que ofrezca vías migratorias legales y seguras.

La defensa y promoción de los Derechos Humanos es eje central de las acciones que llevamos a cabo, y las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas representan un colectivo al que prestamos una atención especial desde nuestra creación hace 40 años.