El 7 de agosto de 2018, Iván Duque, del partido Centro Democrático, abiertamente contrario al Acuerdo de Paz, subió al poder. Desde entonces del Gobierno en materia de derechos humanos ha sido escaso. Ahora, Colombia se enfrenta a unas nuevas elecciones y las organizaciones de mujeres del país quieren poner en el foco unas cuestiones de fondo aún no resueltas.

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¿Por qué no se está cumpliendo el Acuerdo de Paz, si se firmó hace más de cinco años?, ¿por qué no se están implementando las medidas de género del Acuerdo ni se está garantizando la protección de lideresas y defensoras?, ¿por qué no se repara de manera integral a las víctimas de violencia sexual?, ¿por qué hay tan pocas mujeres en los órganos de decisión colombianos?

Para responder a estos interrogantes, las representantes de algunas de las organizaciones que forman parte del Programa Mujeres Construyendo en Paz han prestado su voz para formular sus exigencias para lograr una paz con justicia social y de género en el actual contexto de implementación del Acuerdo de Paz. Ellas son Linda Cabrera, de Sisma Mujer, Adriana Benjumea, de Corporación Humanas, Beatriz Quintero, de Red Nacional de Mujeres, y Julia Cogollo, de Movimiento por la Paz-MPDL Colombia. Lo han hecho a través de declaraciones contundentes, presentadas en formato vídeo-podcast, y con el apoyo de ONGD Atelier. "A cinco años de la firma de este Acuerdo, este Programa lo que intenta es insistir al Gobierno nacional y a las instituciones en la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz, fundamentalmente las medidas de género”, empieza explicando Adriana Benjumea, abogada feminista y codirectora de Corporación Humanas, una de las organizaciones que analiza y hace balance del Acuerdo de Paz. “Colombia de siempre ha sido un país de mucha ley, tenemos un marco jurídico casi que perfecto, pero no tenemos capacidad de implementación”, señala la responsable de Género y DD.HH. de Movimiento por la Paz-MPDL Colombia, Julia Cogollo.

Después de tanto tiempo, muchas son las explicaciones y los obstáculos que estas mujeres encuentran ante un problema enquistado.

“La Alianza Cinco Claves viene exigiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde hace más de dos años, la apertura de un caso nacional por violencia sexual, violencia reproductiva y otras formas de violencia relacionadas con la sexualidad de las víctimas”, explica Adriana Benjumea. “En el marco del Acuerdo, se estipuló que la violencia sexual no puede ser objeto de amnistía ni de indulto y es urgente que, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción dé ese paso. Las víctimas están esperando”, puntualiza.

La especialista en género matiza que “no estamos hablando en el aire, no, tenemos muchos informes. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, reporta haber recibido más de 100 informes asociados a violencia sexuales en el país, entregado por las organizaciones de mujeres que hemos documentado violencias sexuales y por otras organizaciones mixtas como Movimiento por la Paz. Hemos entregado muchos informes”. El problema es, sin embargo, que la causa no sigue adelante porque la JEP “no siente que tiene los suficientes elementos para abrir un macro caso de violencia sexual”, añade. Y a ello sumamos la cultura patriarcal que “atraviesa” a las instituciones y los actores armados.

“El Acuerdo es un acuerdo también muy centralista, que no da herramientas claras para la implementación en los territorios. Entonces, cuando tú te vas a una alcaldía, los funcionarios a veces ni siquiera saben del Acuerdo”, continúa explicando Julia Cogollo. Por ello, el Programa se centra también en la educación para enfrentar el desconocimiento que perpetúa estas situaciones. “Se han realizado procesos de formación sobre el enfoque de género en el Acuerdo de Paz y la importancia de la participación política y ciudadana de las mujeres”, manifiesta Beatriz Quintero, de Red Nacional de Mujeres.

Para cambiar esta situación y aprovechando el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, las mujeres representantes del Programa Mujeres Construyendo en Paz se citaron con europarlamentarios para pedirle a la Unión Europea que tome cartas en el asunto, que se posicione, que exija al Gobierno colombiano que cumpla su deber. “Que venga, que se venga a los territorios”, invita Julia Cogollo, haciendo referencia a la comunidad internacional. “La invitamos a que venga a los territorios a mirar la situación de las mujeres. A mirar la situación de las lideresas, de las defensoras, de las víctimas de violencias sexuales y que se convierta en ese portavoz para el Estado y para la comunidad internacional”, añade.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó una Proposición No de Ley en julio de 2021, en la que manifestaba su total apoyo a la implementación integral del Acuerdo de Paz. Además, instaba al Gobierno central a mostrar su apoyo político y financiero a las instituciones colombianas para garantizar el cumplimiento del Acuerdo.

Sin embargo, es necesario un apoyo más decidido por parte de las instituciones internacionales y de la comunidad internacional. Mientras tanto, Colombia se encamina hacia sus próximas elecciones presidenciales. Linda Cabrera explica que el Gobierno nacional “ha desacelerado el Acuerdo de Paz porque ha antepuesto su agenda política de oposición a las negociaciones que se llevaron a cabo en La Habana”. Matiza, además, que “la construcción de un país en paz debería ser agenda de cualquier Gobierno con independencia de las diferencias políticas”, un saber hacer y compromiso con los derechos humanos que el Gobierno de Iván Duque no ha demostrado. La justicia no puede prosperar sin implicación, sin acción.

La inacción es una respuesta despiadada y cruda. Es una forma de no respuesta. De ignorar la realidad que le quita su voz a quien protesta y lo convierte en una estadística más de lo mal que va el mundo. Ahí radica la importancia de posicionarse: de las acciones y las palabras. Y, esperemos, estas palabras, sus palabras, no queden en el olvido.