A pocos días de las elecciones presidenciales, la importancia de la implementación del Acuerdo de Paz se hace aún más patente. La falta de implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz es un tema que el movimiento de mujeres y feminista del país viene denunciando. De hecho, la reparación a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado es uno de los grandes temas pendientes.

---

Por ello, el Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo Mujeres Construyendo en Paz* tiene como uno de sus objetivos principales promover el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SIVJRNR) creado para la implementación del Acuerdo de Paz. Adriana Benjumea Rúa, abogada feminista y codirectora de la Corporación Humanas, organización que hace parte del Programa, nos explica que la “búsqueda de la justicia para las víctimas de violencia sexual ha sido una lucha antes de la firma del Acuerdo, durante la firma y hoy en su implementación” para que las víctimas “puedan tener respuesta en el modelo transicional”.

Y, ¿qué es el modelo transicional? Según el Ministerio de Justicia y el Derecho de Colombia, “la justicia transicional pone a disposición una serie de mecanismos y herramientas especiales que permiten enfrentar el legado de violaciones masivas a los derechos humanos, buscando el reconocimiento de las víctimas y la construcción de confianza entre los ciudadanos, y entre éstos y el Estado”. El problema se da cuando estos mecanismos y herramientas no funcionan en su totalidad. De hecho, solo el 20% del total de las medidas de género del Acuerdo de paz -122- están siendo implementadas adecuadamente. Ante esta situación, las asociaciones integrantes del Programa Mujeres Construyendo en Paz impulsaron junto con la red OIDHACO* el envío de una carta a Iván Duque, presidente colombiano, por parte de cuarenta y cinco europarlamentarios y europarlamentarias para solicitarle un mayor compromiso con la implementación integral del Acuerdo de Paz, específicamente de las medidas de género.

Esta es una de las muchas acciones llevadas a cabo por el Programa, que tiene como zonas de intervención en Colombia las regiones de Montes de María, Magdalena Medio y Litoral Pacífico, tres zonas especialmente afectadas por el conflicto armado. Entre otras acciones, el Programa ha apoyado la elaboración de informes que recogen casos de víctimas de violencia sexual, destinados tanto a la Comisión de la Verdad como a la Jurisdicción Especial para la Paz -dos de los mecanismos del ya mencionado Sistema Integral para la Paz-. Este trabajo tiene como objetivo impulsar el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de violencia sexual. “Estamos en el proceso de documentación de veinte casos de violencias sexuales para entregar a la Comisión de la Verdad”, puntualiza Julia Eva Cogollo Cabarcas, responsable de Género y DDHH de Movimiento por la Paz- MPDL Colombia, organización parte del Programa.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene el reto de superar la impunidad histórica de la violencia sexual, la violencia reproductiva y otras violencias motivadas en la sexualidad de las víctimas. Por eso, desde el Programa, junto con la Alianza Cinco Claves*, se hace hincapié en la urgencia de que la JEP abra un caso nacional por violencia sexual, violencia reproductiva y otras formas de violencia relacionadas con la sexualidad de las víctimas. Es importante recalcar que los crímenes sexuales no fueron daños colaterales a la guerra, “fueron parte de la guerra misma”, explica Adriana Benjumea Rúa.

Benjumea, abogada e investigadora feminista, explica que se viene exigiendo “hace más de dos años” por lo que es “urgente que, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción dé ese paso”. “Las víctimas están esperando”, añade. Las asociaciones del Programa, además, constatan que el Estado desatiende a la mayoría de las víctimas de violencia sexual, ya que, actualmente, llevar un caso ante la JEP implica costos en dinero y tiempo difíciles de asumir para muchas mujeres del país, especialmente las que viven en zonas rurales. Así mismo, el Estado no contempla acciones de atención a los impactos psicosociales que el conflicto armado ha tenido en la vida de las mujeres, especialmente en la de las víctimas de violencia sexual. Por ello, el Programa “las apoya fundamentalmente en el acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también en el proceso psicosocial, de acompañamiento, de recuperación emocional, como parte también de la reparación integral”, añade Adriana Benjumea Rúa.

* 1 - El Programa de cooperación internacional al desarrollo Mujeres Construyendo en Paz, una alianza para la protección, participación política y acceso a la verdad y justicia en Colombia, es llevado a cabo por dos organizaciones de España (Movimiento por la Paz – MPDL– y Atelier ONGD) y otras tres organizaciones de Colombia (Sisma Mujer, Corporación Humanas y Red Nacional de Mujeres); con la cofinanciación de la Generalitat Valenciana

* 2- La Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) es una red de incidencia con más de 35 miembros europeas e internacionales, con una representación en 11 países

* 3 - La Alianza Cinco Claves para el tratamiento diferencial de la violencia sexual contra las mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual en el Acuerdo Final de Paz está conformada por Colombia Diversa, la Corporación Humanas, la Corporación Sisma Mujer, Women’s Link Worldwide y la Red Nacional de Mujeres