Entre el 8 y el 10 de junio, 13 entidades dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres en Colombia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - durante una visita de trabajo de la Comisión- las violencias ejercidas contras las mujeres por parte de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional de Colombia.

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Las organizaciones presentaron un informe que evidencia el abuso policial y la preocupante y elevada cifra de mujeres que han sufrido violencia física, psicológica y sexual en el contexto de las movilizaciones. Un mes después de la visita, el 7 de julio, la Comisión presentó el documento "Observaciones y recomendaciones. Visita de trabajo a Colombia". Dedicó uno de los puntos del informe a la violencia basada en el género en el marco de la protesta, realizando una documentación de los casos y unas recomendaciones al Estado.

Según la Campaña Defender la Libertad, 808 mujeres fueron víctimas de violencia policial, 61 sufrieron violencias basadas en el género (VBG) y 18 agresiones sexuales, a 30 de junio de 2021. Además, según la Defensoría del Pueblo, la cifra de VBG asciende a la alarmante cantidad de 106 casos, 23 de ellos clasificados como violencias sexuales, a 31 de mayo de 2021.

Estos datos evidencian cómo la violencia estatal ha recaído de manera alarmante sobre las mujeres, que han jugado un papel fundamental durante las protestas sociales del Paro Nacional, mediante plantones y vigilias feministas, la organización de ollas comunitarias para sostener las protestas y agrupándose como "Mamás de Primera Línea", entre otras.

Las cifras podrían ser mucho más elevadas, ya que solo se cuentan los casos registrados y "la impunidad en casos de violencia sexual es de más del 90% en Colombia", debido a la intimidación y amenazas recibidas por parte de la policía y el miedo a las represalias, según relata el informe presentado por las organizaciones de mujeres. De hecho, la propia CIDH reconoce que la violencia sexual "es un problema caracterizado por la falta de denuncia y subregistro" y recalca que la violación sexual de una mujer detenida por un agente del Estado es un acto "especialmente grave y reprobable" debido a la "vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder" ejercido.

Además, en el informe elaborado por las entidades colombianas, se insta a la CIDH a que le pida al Gobierno colombiano medidas para combatir las imposiciones de un modelo neoliberal, militarista y patriarcal, que castiga a las mujeres que deciden ocupar su lugar en la vida pública (ámbito tradicionalmente masculino) y vulnera sus derechos solo por el hecho de ser mujeres.

Tal es así que en el informe se subraya que "la Fuerza Pública está actuando de forma arbitraria e intimidante con actos ilegales que tienen una connotación disciplinadora hacia las mujeres", es decir, castiga a las mujeres que rompen los mandatos de género y ejercen sus derechos a la protesta social y la libertad de expresión. Durante el Paro Nacional, la mayoría de registros y detenciones policiales, cometidas de manera arbitraria, fueron realizadas por hombres. Un modo de operar que evidencia la "falta de enfoque de género" y la falta de protocolos que "incorporen un trato diferencial con enfoque de género", dos medidas reclamadas por las entidades impulsoras.

Por su parte, la CIDH, en el documento “Observaciones y recomendaciones. Visita de trabajo a Colombia”, destacó la necesidad de tomar acciones sobre la violencia basada en género. “La Comisión pudo observar reiteradas denuncias respecto de actos cometidos por agentes de las fuerzas del orden, los cuales indicarían la utilización de la violencia de género como mecanismos de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI”, concluye.

La CIDH documentó docenas de denuncias en su visita, recibiendo testimonios de mujeres que narraron haber sufrido agresiones sexuales, tocamientos durante su detención, amenazas de violación y abuso sexual, así como haber sido víctimas de estigmatización por agentes de la policía quienes las calificaban de “vándalas” o “guerrilleras” por encontrarse en las manifestaciones.

En el informe, la Comisión “observa con extrema preocupación” los casos graves de violencia de género denunciados, incluyendo la sexual, contra mujeres indígenas y afrodescendientes y recuerda “los riesgos específicos a los que se encuentran expuestas debido a la discriminación racial y estructural a la que han estado sometidas por cuenta de los patrones históricos de violencia particulares que tienen su origen en la figura de la esclavización”.

Así mismo, la CIDH emitió dos recomendaciones: una relacionada con la necesidad de “reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales”; y otra enfocada en “reforzar los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género”.

Sin embargo, el presidente Duque rechazó las recomendaciones de la Comisión, alegando que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”.

Los pronunciamientos de las organizaciones de mujeres y de instituciones como la CIDH y la Corte Suprema de Justicia de Colombia, rechazando la VBG ejercida contra las mujeres durante la protesta social por parte de la Fuerza Pública, evidencian la magnitud del problema y la necesidad de respuesta por parte del Estado. Es, así mismo, imperativo, contar con medidas para luchar contra el uso de las mujeres como arma de guerra y combatir con medidas democráticas la fuerza arbitraria y desbordada ejercida por la Fuerza Pública colombiana, que ha usado y usa la violencia sexual como forma de castigo.

Para más información:

Informe “Violencias sexuales y otras violencias contra mujeres en el contexto del Paro Nacional de Colombia 2021”

Informe “Observaciones y recomendaciones. Visita de trabajo a Colombia”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas (30 de junio de 2021). Boletín Informativo 20 #ParoNacional.

Defensoría del Pueblo de Colombia. “Comunicado 47 de 2021. 23 reportes de violencia sexual ha conocido la Defensoría del Pueblo en el marco de la protesta social”.