Pese a la firma de un nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, la violencia no cesa en el terreno. Especialmente preocupante es el aumento en el número de ataques, muchas veces mortales, contra líderes y lideresas comunitarias y personas defensoras de los Derechos Humanos en el ámbito rural.

Tras el “no” del pueblo colombiano al Acuerdo de Paz en el plebiscito celebrado el pasado 2 de Octubre, la sociedad colombiana, en particular, y la comunidad internacional, en general, se sumieron en un estado mezcla de incertidumbre y tensión frente a lo que parecía la pérdida de una oportunidad histórica para sellar el fin de un conflicto que se había prolongado durante más de 50 años.

Poco más de un mes después, tras numerosas movilizaciones, reuniones y negociaciones (e incluso con el Presidente Santos galardonado con el Premio Nobel de la Paz), la incertidumbre y tensión desaparecieron en parte con la firma, el 13 de noviembre, de un nuevo texto, y el aval por parte de la Corte Constitucional, un mes después, del llamado "fast track", un mecanismo excepcional que permitirá aprobar rápidamente en el Congreso las reformas pactadas. Por fin, y a pesar de todas las cautelas puestas encima de la mesa por diferentes sectores del país, parecía que la Paz había quedado refrendada de forma definitiva y legítima.

La firma del nuevo acuerdo de paz representa una noticia positiva que nos llena de esperanza, y por la que desde el Movimiento por la Paz felicitamos al conjunto de actores inmplicados, como reconocimiento a los esfuerzos de los equipos negociadores por avanzar, a pesar del revés que supuso el resultado del plebiscito, en el camino de la paz. La presión de la sociedad civil movilizada, la altitud de miras de las partes y su voluntad de llegar a un entendimiento han resultado ser un elemento clave para el éxito del proceso.

Niveles preocupantes de violencia

Sin embargo, como organización social que desde 1994 trabaja en Colombia junto a las comunidades más vulnerables, sentimos una enorme preocupación por los niveles de violencia que persisten e incluso aumentan en zonas rurales de diferentes territorios del país, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz. Mientras todos los focos se concentran en las grandes cuestiones políticas relacionadas con la firma y puesta en marcha del acuerdo, se siguen cometiendo crímenes y actos de violencia de diverso tipo contra la población y, especialmente, contra las personas líderes de las comunidades y aquellas defensoras de los Derechos Humanos.

Según  un informe presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), son ya 94 los líderes sociales asesinados en 2016, aunque datos de informes independientes apuntan, con fecha de 15 de diciembre, a un número mayor: 114, de los cuales al menos 4 habrían sido perpetrados en Bolívar, departamento en el que nuestra organización trabaja desde el inicio de su presencia en el país. Según la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO), en lo que va de 2016, “se ha denunciado el asesinato de 70 personas defensoras de Derechos Humanos, un aumento desde el año anterior; 31 de ellas han sido asesinadas desde la entrada en vigor del cese de fuego bilateral  del 29 de agosto de 2016”.

Por otro lado, en un comunicado emitido el pasado 2 de diciembre, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia alertaba del aumento de la violencia en zonas rurales e identificaba dos “características comunes” que motivan la proliferación de la violencia. La primera de ellas, el hecho de que aquella se produce en zonas tradicionalmente controladas por las FARC-EP, que han iniciado “su traslado hacia las zonas de pre agrupamiento, dejando un vacío en sus sitios históricos, donde actuaban imponiendo un “orden”.

La segunda, la aparición en estas zonas de “economías ilegales, como cultivos ilícitos y minería ilegal (…) ha favorecido el surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad, incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se disputan el control de estas economías, afectando los derechos de las personas”, víctimas durante años del conflicto y con “pocas alternativas económicas” a su alcance.

Medidas urgentes para garantizar la seguridad de la población

En este contexto, consideramos fundamental que en paralelo al impulso e implementación de los acuerdos, se pongan en marcha, por parte del Estado colombiano, medidas urgentes para garantizar la protección y la seguridad del conjunto de la población, y en especial de aquellas personas del ámbito rural que desarrollan labores de dinamización comunitaria y defensa de los derechos humanos.

La consecución de una paz real y efectiva para el conjunto de la población precisa del trabajo y esfuerzo permanente del conjunto de actores implicados en la implementación del contenido del Acuerdo de Paz. La acción decidida de todas las estructuras institucionales, desde el Gobierno central a las municipalidades, es fundamental para proporcionar a las personas de las comunidades, especialmente de ámbito rural, la tan ansiada seguridad y libertad. Solo en ese momento podremos decir que la Paz, con mayúsculas, ha llegado a Colombia.