Tras cuatro años de negociaciones formales y más de cincuenta años de conflicto, finalmente se ha logrado un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Este hecho sin duda abre una nueva etapa en la historia del país tras una guerra interna con incontables costes humanos.

El conflicto ha supuesto más de 8 millones de víctimas reconocidas por el Estado, 220.000 personas asesinadas, 50.000 desapariciones, elevados índices de violencia sexual y más de 6 millones de personas desplazadas. Asimismo, numerosos defensores y defensoras de Derechos Humanos han sido agredidos y asesinados en este contexto. Por todo ello, esta salida negociada al conflicto entre la principal guerrilla de América Latina y el Estado colombiano supone un gran hito para la Paz y la convivencia en el país.

Sin embargo, el acuerdo no es definitivo, ya que tras este anuncio y su firma, los textos deben ser enviados al Congreso colombiano para así convocar el plebiscito donde los colombianos y colombianas podrán ratificarlo o rechazarlo, proceso similar al que atravesarán las bases de las FARC quienes deben a su vez aprobarlo.

Negociaciones de La Habana

Desde el Movimiento por la Paz -MPDL- celebramos el anuncio realizado este miércoles 24 de agosto de 2016 desde La Habana, donde se han llevado a cabo unas negociaciones que se han alargado durante largo tiempo y que han supuesto un gran esfuerzo por parte de los diferentes actores participantes. Llevamos desde 1997 aportando nuestro  granito de arena a este proceso, por lo que la conclusión de las negociaciones supone para nuestra organización una extraordinaria noticia que nos da fuerzas renovadas para seguir contribuyendo a la promoción de los DDHH y la justicia social en el país en esta nueva etapa, que si bien no supone el cese de la violencia en el país, ya que permanecen otras guerrillas (EPL, ELN) y bandas criminales, sí supone una ventana de esperanza.

El fin de las negociaciones es un paso más en el camino hacia la paz duradera, y sin embargo este recorrido no está exento de retos que afectan a la ciudadanía colombiana en particular, y a la comunidad internacional, en general. Entre ellos consideramos que se debe acabar con las redes de paramilitarismo y las bandas criminales, así como con las estructuras políticas y económicas que las sustentan; seguir luchando contra las violaciones de DD.HH. y fortalecer el sistema que vela por el cumplimiento de los mismos; proteger a los defensores y defensores de DD.HH. y dirigentes sociales para que haya un verdadero derecho a la protesta social y avanzar en un país más justo en el reparto de la riqueza y la tierra. Asimismo, se deben establecer mecanismos eficaces que permitan a la sociedad colombiana e internacional realizar un seguimiento de los acuerdos y observar que se produzca una buena implementación de los mismos asegurando la justicia social, la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición.

Así, en esta fecha histórica comienza un nuevo tiempo para Colombia, un tiempo de paz.