El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) retomaron el pasado  28 de julio de 2013 su duodécimo ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba, teniendo ahora como centro del debate el eje de Participación Política, segundo punto de la agenda de negociaciones.

El pasado 10 de julio las partes publicaban el “Primer Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP”. En él se detallan las normas de funcionamiento para las negociaciones, y los acuerdos llegados por parte del gobierno y el grupo guerrillero en materia de Política de desarrollo agrario integral, el primero de los cinco ejes sobre los que se ha articulado la negociación.

Breve análisis sobre los acuerdos de paz

En la actual Colombia, una de las contradicciones más graves y profundas que denuncian diversos sectores sociales, se basa en cómo compaginar un desarrollo económico en clave neoliberal, con una reducción de la pobreza y la elevación de los estándares de calidad de vida y de derechos humanos. En el desplazamiento violento de campesinos, campesinas, afrodescendientes e indígenas ha habido motivaciones estratégicas para operaciones militares, pero también intereses nacionales y extranjeros por el control territorial con el objetivo de desarrollar monocultivos agroindustriales, megaproyectos mineroenergéticos, industria extractivista o controlar rutas de narcotráfico, entre otros factores.

Al inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, en 2010, terminaron de materializarse los Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea y con Estados Unidos. Compatibilizar el respeto de los derechos humanos en clave de soberanía alimentaria y derecho al territorio de los pueblos originarios y la población campesina, con la histórica distribución desigual de la propiedad de la tierra, y con estos estímulos a la inversión extranjera directa por parte de empresas transnacionales que buscan apropiarse de los recursos naturales, parece altamente incompatible.

Política de Desarrollo Agrario Integral

El Gobierno Nacional y las FARC-EP tras algunos meses de conversaciones en los que se intercambiaron visiones y propuestas sobre el primer punto de la Agenda, acordaron denominarlo “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral” (RRI).

Una reforma que según sus propios términos “debe ser el inicio de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera”.         

El informe establece varias medidas concretas para llevar a cabo la RRI, entre las que se encuentran: La creación de un Fondo de Tierras de distribución gratuito; El proyecto para formalizar y actualizar el catastro rural, como una de las principales fuentes de financiación de los municipios con sus consecuencias positivas en inversión social y uso productivo de la tierra; el plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental (Zonas de Reserva Campesina); la creación de una jurisdicción agraria con cobertura y capacidades regionales y el fortalecimiento de los mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia; así como la implementación de planes nacionales sectoriales para reducir la pobreza y la desigualdad mediante obras de infraestructura, riego, salud, educación, vivienda y estímulos a la economía solidaria, seguridad social, generación de ingresos, comercialización, asistencia técnica, ciencia y tecnología, crédito, alimentación y nutrición.

Los acuerdos a los que han llegado en este primer punto evidencian la tensión del tema de fondo: estructura y propiedad de la tierra y modelo de desarrollo.

Muestra de ello es el párrafo final con el que concluye el presente informe, en el que queda claro cuál es la perspectiva de las partes; “El Gobierno considera que debe contribuir a reversar los efectos nocivos del conflicto”, y por su parte, “las FARC-EP consideran que la Reforma Rural Integral debe contribuir a solucionar las causas históricas del mismo” sin renunciar a la dimensión estructural del fenómeno.

Desde el Movimiento por la Paz -MPDL- se respalda el proceso de una salida negociada del conflicto, a la vez que se apoyan los procesos para una distribución equitativa de los recursos –incluida la tierra-, la reparación integral a las víctimas y la justicia social.