El pasado 19 de agosto se inició en Colombia lo que se ha denominado el “Paro Nacional Agrario”, el cual continúa actualmente y ha puesto en jaque al Gobierno de Juan Manuel Santos, quien se ha enfrentado a la propuesta de dimisión en pleno del gabinete del ejecutivo en respuesta a las críticas por la gestión de las movilizaciones.

Las movilizaciones, que han tenido como protagonistas tanto a la población campesina como urbana en 17 Departamentos (provincias) del país, tienen como origen el descontento de la población con un modelo económico de corte neoliberal que reduce las condiciones salariales y laborales de la población. A la vez, dicho modelo aumenta exponencialmente la plusvalía de las empresas inversionistas extranjeras, que establecen acuerdos comerciales que incrementan el precio de la gasolina y especulan con los alimentos. También denuncian la falta de inversión pública, principalmente en el agro, la educación y la salud.

De esta forma, la comunidad campesina busca frenar la crisis agropecuaria que vive el país a través de, entre otras medidas, la implicación del campesinado en el diseño de políticas públicas enfocadas a mejorar la estructura y distribución de la propiedad de la tierra, o la salvaguarda y ampliación de las Zonas de Reserva Campesina (1), así como asegurar unas condiciones de vida dignas mediante el acceso a la salud, la educación y la vivienda.

Desde que se iniciara en el mes de Agosto el Paro Nacional Agrario, liderado por el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, el Gobierno colombiano realizó sucesivos movimientos para tratar de criminalizarlo y deslegitimar a la MIA (Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución) como interlocutor válido. No obstante, ante la extensión del Paro y la adhesión al mismo de diferentes colectivos (organizaciones sindicales, sector educativo, profesionales de la minería, el transporte y la salud, etc.), el Gobierno se avino a dialogar, sentándose en la mesa de negociaciones con la MIA.

Tras 21 días de movilizaciones, el Paro Nacional Agrario ha arrojado un saldo, según las organizaciones acompañantes en el paro, de 660 casos de violaciones de derechos humanos, 485 heridos fruto de las arremetidas violentas de la Fuerza Pública contra las concentraciones campesinas, 12 campesinos asesinados en medio de los enfrentamientos con la Policía Nacional o el Ejército y 262 detenciones.

Entre los logros de las negociaciones destaca el obtenido por la Mesa Regional de Tunja, que logró la paralización de la Ley 970, que criminaliza el uso de semillas no certificadas. Esto quiere decir que impide a los campesinos utilizar sus propias semillas, mejoradas mediantes técnicas agrícolas practicadas por siglos, y les obliga a comprar las semillas a multinacionales como Syngenta, Monsanto o Dupont.

Con el proceso de paz en marcha entre el Gobierno y las FARC-EP y unas elecciones presidenciales previstas para 2014, el Paro puede considerarse una demostración de fuerza por parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, el cual está manifestando al liderar las protestas su capacidad de articulación, y tal vez de futura representación política, en lo que sería una fuerza política de carácter progresista de amplia representación social.

Dicha expresión de fortaleza se da en un marco de “Acuerdos  de Paz” entre Gobierno y FARC-EP, quienes actualmente se encuentran discutiendo sobre un punto tan delicado de la agenda como es el de la “Participación Política”, y sobre el cual han llegado a sonar ecos de fracaso en las negociaciones.