No usan armas, la mayoría no reciben pago, muchos no han ido a la escuela o la universidad, no cuentan con seguridad social, servicio de salud o riesgos profesionales y sin importar la edad, estos colombianos y colombianas entregan hasta su propia vida por defender sus derechos, los de su comunidad y los de grupos sociales. Son hombres y mujeres que desarrollan una labor heroica por su país y sus comunidades, son constructores de paz y dinamizadores de la democracia.

No usan armas, la mayoría no reciben pago, muchos no han ido a la escuela o la universidad, no cuentan con seguridad social, servicio de salud o riesgos profesionales y sin importar la edad, estos colombianos y colombianas entregan hasta su propia vida por defender sus derechos, los de su comunidad y los de grupos sociales. Son hombres y mujeres que desarrollan una labor heroica por su país y sus comunidades, son constructores de paz y dinamizadores de la democracia.

En otras partes del mundo, la defensa de los derechos humanos se ejerce día a día y mediante la exposición a la realidad más dura y violenta. La defensa de los derechos humanos se realiza desde la calle, el barrio, la comunidad. A diferencia de cómo se pueda pensar en muchos países occidentales, la defensa de los derechos humanos  es un elemento dinámico, vivencial y arriesgado.  

Para la concepción europea, acostumbrada a estándares de seguridad más altos y rigidez institucional, el hecho de que un defensor o defensora sea susceptible de ser asesinado, hostigado y perseguido, es una realidad muchas veces lejana.

La defensa activa de dichos derechos en otras partes del mundo nos recuerda que éstos existen en un plano teórico y en un plano práctico, poniéndole rostro y llenando de contenido la lucha por el acceso a derechos como una vida libre de violencias, al trabajo o a una vida digna.

En el presente artículo mostraremos los preocupantes datos del último informe elaborado por la organización Somos Defensores sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.

Breve resumen del informe

El Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos – Somos Defensores (1) en el primer semestre de 2013 arroja datos tales como el incremento en un 27% de los homicidios (se pasa de 29 casos 2012 a 37 en 2013) hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mientras que las agresiones se redujeron en un 5.6% en comparación con los primeros seis meses  de 2012, (pasamos de 163 agresiones en 2012 a 153 en 2013). En el  gráfico circular “Agresiones según tipo de violencia” podemos ver la distribución de las formas de agresión según el tipo de violencia empleada. Las amenazas individuales superan el 50% del total de los casos, un preocupante 24% de las agresiones son asesinatos, un 14% atentados, un 4% detenciones arbitrarias realizadas con apoyo de la fuerza pública y un pequeño pero significativo 1% de uso del sistema penal (judicializaciones), así como otro 1% para hurto de información.

Elementos como agresiones a familiares de defensores y defensoras y daños psicológicos como producto de un ineficiente acompañamiento psicosocial a las personas amenazadas, son elementos que no entran dentro de las cifras oficiales del informe, pero que son consideradas relevantes para el análisis.

Ante esta situación el Programa “Somos Defensores” hace un llamado especial a observar y analizar las condiciones en que fueron asesinados los líderes y lideresas del país. Son evidentes tras los resultados del estudio, los altos niveles de planificación de los asesinos, así como la reactivación de fenómenos regionales con relación a la acción de paramilitares en contra de defensores y defensoras en departamentos como Antioquia, Bolívar, Cesar, Boyacá y Santander, como también la grave afectación del trabajo de líderes y lideresas comunales, indígenas, de víctimas, y de restitución de tierras. De hecho, según la Corporación Nuevo Arcoíris, 68 reclamantes de tierras fueron asesinados entre 2005 y junio 2012, de los cuales 10 en los Montes de María.

En el siguiente mapa se muestra la distribución de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en todo el territorio colombiano. Vemos como los departamentos de Antioquia, Santander y Valle del Cauca son los más afectados por  las agresiones a defensores y defensoras, seguidos por los departamentos de Cauca, Chocó y Atlántico. Departamentos como Córdoba, Caquetá o Putumayo también se encuentran afectados por este problema, mientras que tan solo 11 de los 32 departamentos colombianos (menos del 35%) no registran agresiones contra defensores y defensoras.

Surrealismo institucional

A pesar de conocer que la fiebre neoliberal impregna multitud de dimensiones estatales, resulta difícil no asombrarse ante noticias como la evidenciada por el Programa Somos Defensores, en la que se pone de manifiesto el proceso de privatización del deber de protección del Estado sobre los defensores, defensoras y líderes que estén en riesgo, y también sobre el resto de poblaciones objeto de protección consagradas en el decreto 4912 y 1225 (.pdf, 519 y 229 KB).

El pasado 29 de abril la Revista Semana publicó información comercial (2) que generó preocupación entre defensores y defensoras de DD.HH. en el país. En dicha publicación la Unión Temporal “PROTECCION 33” (conformada por empresas privadas de seguridad)  afirmaba ser en 2013 la encargada total de la protección de más de 7500 personas protegidas por la UNP (3) mediante un contrato otorgado por 214 mil millones de pesos (más de €83 millones de euros) y que en 2013 superará los 300 mil millones (más de €116.000.000 Euros).

El problema de fondo de esta situación radica en que se concibe la protección de la vida de las personas en riesgo como un servicio más y no como una responsabilidad sobre su vida, ya que se contrata de la misma forma que la compra de cualquier otro “producto o servicio” que requiere el Estado. La protección a la vida es concebida únicamente como el derecho a la protección física, obviando el resto de elementos que afectan a ésta y el impacto que tiene para las personas la presencia de guardaespaldas armados en su entorno habitual. Existe un claro conflicto filosófico entre esta prestación del servicio de protección de la vida, y el posicionamiento que diferentes organizaciones y comunidades adoptan con respecto a su rol en el conflicto armado, siendo un ejemplo de ello el rechazo que muchos de estos colectivos muestran a la tenencia de armas y a la normalización de la presencia armada en su cotidianidad.

Conclusiones

Lo anterior refleja que el Estado incumple su deber con los defensores y defensoras de derechos humanos en una doble vía, por un lado, al no evitar que la situación de violencia e inseguridad en el país se cebe con este colectivo y, por otro, al proponer esquemas de seguridad insuficientes y privatizados como medidas de protección.

Desde MPDL apoyamos el trabajo y la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, conociendo las difíciles situaciones a las que tienen que hacer frente en su día a día y trabajamos tanto con los líderes y lideresas, como con las instituciones del Estado y con actores de la sociedad civil y la comunidad internacional, para mejorar el ejercicio y la exigibilidad, con garantías, de los derechos de la población colombiana, y la labor de sus defensores y defensoras comunitarios, en un marco democrático.

1. Es un espacio de protección que busca desarrollar una propuesta integral para prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgos por su labor como defensores de derechos humanos, cuando resguardan los intereses de grupos sociales y comunidades afectadas por la violencia en Colombia.
2. Publirreportaje en la Pág. 90 y 91 de su edición 1617 un artículo publicitario titulado PROTECCION VIP.
3. La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del Orden Nacional adscrita al Ministerio del Interior, encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.