La Comisión Europea presentó el pasado martes un avance del Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración, que fue debatido ayer en el Parlamento Europeo. Una vez más, la UE opta por las políticas externalización del problema violando la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos.

Una información de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España -CONGDE-.

Lejos de afrontar las causas que están detrás de las migraciones forzosas y de poner en marcha vías seguras de acceso para las personas que buscan de refugio, Europa apuesta por medidas que se mueven entre la ceguera y el más puro chantaje.

Lamentablemente esta no es una política aislada. Forma parte del modelo con el que la UE está respondiendo a la crisis migratoria más importante tras la Segunda Guerra Mundial. Otra de las piezas de este engranaje es el Acuerdo firmado con Turquía, que viola flagrantemente la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967. La postura europea está rediseñando las relaciones con países como Túnez, Jordania, Líbano, Níger y Etiopía vinculando la ayuda financiera a los países africanos con compromisos más rígidos para controlar flujos migratorios, fronteras y readmisión de personas migrantes y refugiadas. Este es un modelo que se viene construyendo desde hace años, ya el Acuerdo de Cotonou, del año 2000, contemplaba medidas de este tipo.

La propuesta que ahora quiere aprobarse hace referencia a “una combinación de incentivos positivos y negativos en las políticas comerciales y de ayuda al desarrollo de la UE para recompensar a aquellos países dispuestos a colaborar de manera eficaz con la Unión en la gestión de la migración, así como para garantizar que haya consecuencias para aquellos que se niegan a hacerlo”.

Si estas medidas son finalmente aprobadas, estaremos ante la renuncia de la UE a su responsabilidad internacional en materia de cooperación internacional y desarrollo; y con ello, ante la renuncia de sus valores fundacionales, basados en la solidaridad entre los pueblos. A nadie se le escapa que los ‘incentivos negativos’ o las ‘consecuencias’ que propone la Comisión son un modo eufemístico de denominar a las sanciones y castigos que se impondrían para limitar acuerdos comerciales, reducir ayudas o reconsiderar acuerdos de colaboración en cualquier otro ámbito.

El uso de la Ayuda Oficial al Desarrollo con fines diferentes a la lucha contra la pobreza supone una visión limitada y cortoplacista. Los complejos procesos de movilidad humana exigen medidas integrales que garanticen los derechos humanos y respeten escrupulosamente la legislación internacional. No hacerlo supondrá gravísimas consecuencias sobre los derechos humanos de quienes huyen de la guerra y de la miseria, y alimentará el agravamiento de los conflictos.

Por todo ello, desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo:

Denunciamos la utilización de la Ayuda Oficial para el Desarrollo como medio para imponer políticas de control de fronteras y como instrumento de chantaje a los países de origen.

Exigimos a la UE y al gobierno español compromisos financieros adecuados para implementar políticas de desarrollo eficaces que contribuyan a la creación de condiciones de paz y desarrollo que permitan a las personas tener una vida digna en sus lugares de origen y garanticen el pleno disfrute de los derechos humanos. Y eso implica no solamente a la política de cooperación.

Reiteramos la denuncia del acuerdo Unión Europea Turquía y de todo acuerdo en el que las personas sean utilizadas como moneda de cambio y en el que se viole la legislación internacional vigente en materia de asilo, refugio y derechos humanos.