“Me gustaría encontrar un trabajo. Mi sueño es ser secretaria”. Sentada en una vieja silla de ruedas, Ayat interrumpe el relato de su vida para hacer conjeturas sobre el futuro.

Sufre una parálisis parcial que no le permite mover la parte superior del cuerpo. Nunca ha caminado. Pese a lo mal que le ha tratado la vida, esta joven de 21 años no pierde la esperanza. Huérfana de padre y madre, es la mayor de sus hermanos. Son cinco en casa. Subsisten gracias a una pequeña ayuda económica que una ONG local concede a jóvenes huérfanos. “Gracias a Dios, mis hermanos me ayudan mucho tanto en casa como en mis desplazamientos”, asegura, sin apenas fuerzas para sonreír.

Ayat es una de los más de 20.000 residentes registrados en el campo de refugiados palestinos de Zarqa –más conocido como el Blue Camp–, el más antiguo de Jordania, erigido tras la oleada de personas desamparadas que provocó la guerra Árabe-Israelí de 1948. Más de seis décadas después, el campo ya solo se diferencia del resto de barrios de la ciudad por la estrechez de sus callejuelas y la elevada densidad de población que alberga su escaso kilómetro cuadrado. Hace ya muchos años que las tiendas de campaña fueron sustituidas por los humildes edificios de dos o tres plantas que hoy conforman el asentamiento. La sangrienta guerra en Siria, que comenzó hace ya más de cuatro años, ha convertido el Blue Camp en un barrio repleto de población refugiada procedente del país vecino y de jordanas y jordanos sin recursos. En el campo se concentran las personas más vulnerables de Zarqa, la ciudad con mayor tasa de pobreza de todo el país.

En una de las calles adyacentes al atestado mercado principal, el Comité de Desarrollo de la Comunidad (CDC, por sus siglas en inglés), socio local de Movimiento por la Paz –MPDL-, y con la aportación económica del Ayuntamiento de Toledo, proporciona asistencia a los sectores más vulnerables de la zona. Población local y personas refugiadas sirias y palestinas componen el grueso del colectivo destinatario de los proyectos que aquí se implementan, dirigidos a personas con discapacidades de todo tipo.

“Mi vida ha cambiado por completo en los últimos años”, prosigue Ayat. Empezó a acudir al CDC para recibir sesiones de tratamiento a principios de 2011. Desde entonces, va dos veces a la semana. En el CDC no sólo recibe asistencia física –recientemente se le ha entregado una silla de ruedas eléctrica que utiliza para moverse por casa y una ayuda económica de unos 180 euros–, sino también psicológica. “Hace cuatro años no tenía objetivos en la vida, ninguna esperanza”, asegura. “En este sentido, el CDC me ha cambiado la vida. Ahora soy mucho más independiente y, lo que es más importante, tengo autoestima”.

Los Community Based Rehabilitation (CBR) Programmes

Participando activamente en los proyectos que se implementan a través de los Community Based Rehabilitation (CBR) Programmes, el Movimiento por la Paz no sólo potencia las habilidades tanto físicas como mentales de las personas discapacitadas en Jordania, sino que también trata de promover y proteger sus derechos a través de significativos cambios en las comunidades, como por ejemplo, eliminando las barreras a su participación. Las personas beneficiarias  de los proyectos del Movimiento por la Paz son acreedoras de una serie de derechos básicos –el derecho a la salud o a la educación, entre otros–cuya violación es una causa más de su situación de riesgo; es, por tanto, uno de los principales objetivos de la organización que estas personas dispongan de los conocimientos necesarios para reclamar lo que les pertenece y conseguir vivir en una situación de igualdad en la comunidad.

Khaled tiene tres años. Es autista. No es el único que sufre las consecuencias de su enfermedad. Su madre, Nura, se dedica en cuerpo y alma al cuidado y educación de su hijo. Huyó de Siria junto a su marido y Khaled hace justo un año. Tras un paso fugaz por Ma’an –localidad del sur de Jordania– se instalaron en Zarqa. La enfermedad del niño es sólo una de las múltiples dificultades a las que tiene que enfrentarse esta familia de refugiados que no disponen de permiso de trabajo. La drástica reducción de los fondos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desde enero de este año les ha afectado de forma directa, y durante los últimos meses hacen lo que buenamente pueden por subsistir. Nura –embarazada de su segundo hijo– y Khaled acuden al CDC todas las semanas, donde el niño recibe tratamiento gratuito y participa en actividades enfocadas a desarrollar su mermada interacción social. “Poco a poco, mi hijo empieza a responder a estímulos y está menos agresivo”, explica Nura. A su lado, Khaled juguetea al ritmo de las cacofonías provocadas por su exaltación.

A su corta edad –cumplirá cuatro años el mes que viene–, Habiba sufre una enfermedad circulatoria y es muda. Acude al CDC desde principios de 2014. “No puede realizar algunos movimientos, ni siquiera levantar pesos ligeros”, explica su madre, Emira, una jordana de 30 años recién cumplidos y madre de otros tres críos. Aunque la progresión es lenta, Emira ve señales de mejora tanto en la salud como en las capacidades y el crecimiento de su hija. “¡Ahora, por lo menos, duerme toda la noche!”, exclama entre risas. “Gracias a Dios”, prosigue, “tanto el material que recibimos en el CDC como las sesiones a las que acude Habiba suponen un apoyo muy importante para nosotros y están mejorando nuestra calidad de vida”. El marido de Emira, Mohammad, vende verduras en un mercado callejero de Amman. De sus modestos ingresos viven los seis miembros de esta familia jordana a la que el CDC le hace la vida un poco más llevadera.

Igual que Ayat, Khaled o Habiba, decenas de personas con discapacida reciben apoyo diario en el CDC del Blue Camp, dotado de varias aulas destinadas a las sesiones de apoyo psicológico así como de personal especializado y material técnico para asegurar una asistencia íntegra y eficaz a los beneficiarios.