Las violaciones de Derechos Humanos aumentan en gran parte del planeta. La COVID-19, su impacto sanitario, económico y social, y el incremento de las violencias por parte de distintos actores en este marco no hacen sino recordarnos la urgente necesidad de defender con todas nuestras fuerzas la vida, la dignidad y los derechos de las personas.

Estas fotografías recogen experiencias realizada con las mujeres campesinas en cada uno de los procesos que se llevaron a cabo en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres campesinas nicaragüenses para una vida digna, sostenible y libre de violencias”.

Desde el Movimiento por la Paz-MPDL y a través del programa del Sistema Nacional de Acogida e Integración de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional hemos comenzado a acoger a familias afganas recientemente evacuadas de ese país en Cantabria, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña y Generalitat Valenciana.

Veinte años después se vuelve a la casilla de salida, pero con miles de vidas destruidas, y numerosas esperanzas arruinadas, todo este tiempo ¿para qué ha servido? ¿Qué se ha conseguido? Lo que es una realidad es que la actuación de Occidente en Afganistán no ha supuesto la consolidación de este país como una democracia.

La repatriación de los y las menores que están acogidos en Ceuta suponen una transgresión de los requisitos legales establecidos y una vulneración de los Derechos Humanos.

Entre el 8 y el 10 de junio, 13 entidades dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres en Colombia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - durante una visita de trabajo de la Comisión- las violencias ejercidas contras las mujeres por parte de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional de Colombia.

Desde la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) mostramos nuestra profunda preocupación ante la escalada de persecución, violencia y asesinatos de personas en Colombia.

Organizaciones internacionales de sociedad Civil urgen al Gobierno de Colombia a garantizar el ejercicio pacífico del derecho legítimo, a la reunión y manifestación pública, consagrado en la Constitución Política de Colombia y a proteger la vida de quienes lo ejercen.

Las violaciones de Derechos Humanos aumentan en gran parte del planeta. La COVID-19, su impacto sanitario, económico y social, y el incremento de las violencias por parte de distintos actores en este marco no hacen sino recordarnos la urgente necesidad de defender con todas nuestras fuerzas la vida, la dignidad y los derechos de las personas.

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato está formada por Accem, Asociación Rumiñaui, CEAR, Fundación Cepaim, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz y Red Acoge.